jueves, 27 de diciembre de 2012


COMENTARIO A LA MEDIDA PROPUESTA POR EL GOBIERNO SOBRE OTORGAMIENTO DE PERMISO DE RESIDENCIA A LOS EXTRANJEROS QUE ADQUIERAN PROPIEDADES INMOBILIARIAS CON VALOR SUPERIOR A 160.000 EUROS



La obtención de permiso de residencia en un país como consecuencia de la compra de propiedades en el mismo no es un concepto nuevo ni por tanto una novedad a nivel internacional.

Dentro de la propia Unión Europea, Portugal e Irlanda, han implantado  programas para otorgar la residencia oficial en esos países a los adquirentes de propiedades, si bien han establecido el importe de la adquisición inmobiliaria que otorga el derecho a la residencia en 500.000 y 400.000 euros respectivamente, frente a los 160.000 euros que, según parece, tiene previsto fijar el Gobierno español. También en la Unión Europea, Lituania ha introducido normas de incentivo similares pero en este caso la cuantía mínima para conseguir el  derecho a la residencia se ha fijado en un importe inferior, concretamente en 140.000 euros. 


Fuera de la Unión Europea,  Panamá tiene en vigor una normativa parecida  mediante la cual se requiere  una inversión mínima de 300.000 dólares pero con la particularidad de que dicha inversión  puede dividirse entre la inversión inmobiliaria propiamente dicha  y una inversión financiera o simplemente de deposito en un banco nacional en oficina dentro del país.

También Colombia, que como se sabe es hoy día una pujante economía, tiene publicada disposiciones legales similares y ha establecido la inversión requerida entre 100.000 y 200.000 dólares dependiendo del tipo de residencia.

Por otro lado y aunque no referido a residencia pero si a trámites burocráticos relativos al control de extranjeros en cada país, concretamente los visados turísticos, al menos cuarenta países han modificado últimamente el régimen legal aplicable a tales requisitos, disminuyendo sensiblemente los requisitos para su obtención o simplemente eliminándolo, pretendiendo con ello, naturalmente facilitar el movimiento de turistas hacia tales países.

Pero volviendo al tema inicialmente comentado de obtención de permisos de residencias vinculados a la adquisición de propiedades, sin duda alguna, puede constituir una medida que favorezca la reducción del stock de viviendas actualmente existente en España y por tanto puede favorecer a la recuperación del mercado inmobiliario de una manera sustancial. Pensamos que la cuantía establecida tanto por Portugal como Irlanda es excesiva y de esta forma la incidencia en la mejora del mercado inmobiliario no será sustancial, por lo que nos inclinamos, pensando en la efectividad de la medida sobre la recuperación del mercado residencial, en establecer el importe mínimo en la cantidad propuesta por el Gobierno o a la sumo la cifra de 200.000 euros como máximo.

Esta medida, en el caso de que efectivamente se implante tal como es nuestra posición, favorecerá tanto la recuperación inmobiliaria como la recaudación de las administraciones públicas, que como consecuencia de la crisis,  se ha visto especialmente afectada por la casi desaparición de las transacciones inmobiliarias. De esta forma IVA e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales favorecerán las arcas de la Hacienda estatal y autonómica respectivamente y el impuesto de plusvalía municipal y el IBI ayudará  a los Ayuntamientos y en fin este tipo de operaciones generan actividades profesionales y servicios que implican riqueza y empleo, por lo que producirá efectos múltiples en la línea positiva que necesitamos para la mejora de nuestra situación social y económica.
Téngase en cuenta, además, que una de las claves de la salida de la crisis en la que nos encontramos es , sin duda alguna, la reactivación del mercado inmobiliario, que los bancos vayan saliendo de la inmensa cantidad de inmuebles incluidos en sus balances porque es la única forma en que podrán volver a dar créditos para otras actividades.

Las criticas sobre que esta medida favorecería la entrada de mafias no tienen sentido, en mi opinión y en todo caso corresponde a la Policía detectar estos supuestos casos pero más mafia entra por los negocios de prostitución y drogas y por otra actividades.

Así que, para concluir todo nuestro apoyo a esta medida que debería implementarse rápidamente pues la situación económica no está para que se demoren las medidas que pueden favorecer algún efecto positivo.

RAMON DAVILA GUERRERO.
PRESIDENTE DE PROMOTUR.
ABOGADO

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