domingo, 29 de abril de 2018

LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA


 




La mayoría de las pequeñas empresas nos contestarían que la contabilidad sólo sirve para entregarle a la AEAT la información que solicita cuando nos enfrentamos a una inspección. Sin embargo, dentro del mundo de la empresa, la contabilidad va a ser imprescindible para el negocio en aspectos tan relevantes como decisiones en la gestión, prueba válida, control de tesorería, control de costes, decisiones de inversión… se trata sin lugar a duda de un elemento fundamental en la administración de la empresa.


¿En qué consiste la contabilidad? Esencialmente en registrar todos los movimientos económicos de una empresa con el fin de obtener unos estados financieros que, de una forma ordenada, nos muestren una “foto” de la situación económica y financiera de la misma. La utilización de la contabilidad para cualquiera de las cuestiones arriba indicadas nos lleva a la obviedad de que la misma debe ser cierta y veraz; es decir, debe ser realizada en debida forma, según los mandamientos del código de comercio y de las normas contables.
La cuestión que vamos a abordar en esta breve reflexión es la siguiente: ¿Cuándo puedo utilizar la contabilidad como prueba ante terceros? ¿Estamos ante documentos de índole particular y por tanto debe aplicarse el artículo 1228 del Código civil o no pueden considerarse documentos “domésticos”?  Se trata de cuestión importante a la hora de tener discusiones en los ámbitos mercantil, tributario, o laboral.

Es el artículo 31 del Código de Comercio el que establece que “…el valor probatorio de los libros de los empresarios y demás documentos contables será apreciado por los Tribunales conforme a las reglas generales del Derecho”, lo que nos lleva directamente a preguntarnos cuáles son los libros de los empresarios, que el propio Código de comercio identifica en su artículo 25, “…sin perjuicio de lo establecido en leyes o disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario”, y siendo el artículo 27 el que establece la manera en que dichos libros adquieren el apellido de oficiales: “…presentaran los libros que obligatoriamente deben llevar en el Registro Mercantil donde tuvieran su domicilio…” .
Es decir, lo primero para poder hacer valer la contabilidad como medio de prueba, sin que la otra parte genere una discusión previa a los datos que en ella figuran, es cumplir los formalismos que nos exige el Código de Comercio respecto a su legalización. El artículo 327 de la ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000) remite a las leyes mercantiles a la hora de la utilización como medio de prueba de los libros de contabilidad, con lo que cumplir de manera escrupulosa con lo que exige dicha normativa puede ser la diferencia entre poder presentar la contabilidad como prueba frente a terceros o que ésta no sea admitida.
La contabilidad como tal puede ser valorada dentro de un procedimiento de diversas maneras: como prueba documental, como objeto de reconocimiento judicial o como prueba pericial teniendo en cada caso distintas connotaciones.
Una cuestión importante a tener en cuenta a lo hora de plantear la documentación contable como prueba, es que la misma no se compone únicamente de los libros de contabilidad, sino que además junto con éstos debemos poder presentar todos los justificantes o comprobantes de las operaciones registradas. De manera que sea posible comprobar que existe total concordancia entre los documentos contables y los datos reflejados en los soportes documentales.
No debemos por tanto ignorar la importancia que puede tener en un procedimiento la correcta llevanza de la contabilidad para probar alguno de los puntos en discusión y desde la otra parte, tampoco debemos olvidarnos de que ser capaces de cuestionar razonamientos contables de la parte contraria constituye una ventaja importante a la hora de enfrentarnos a situaciones complicadas que nos lleven a discusiones mercantiles.
Igualmente, y como punto importante debemos ser conscientes que cuando la Inspección Tributaria examina una contabilidad y en un acta indica que la misma es correcta de acuerdo a Derecho, dicha contabilidad en cuanto documento privado hará prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documentan, con lo que podemos tener argumentos importantes ante cualquier discusión posterior sobre esa contabilidad con la Agencia Tributaria.
En definitiva, las empresas deben concienciarse de la gran importancia de la contabilidad como herramienta de gestión empresarial y de defensa de sus intereses tanto ante la Agencia Tributaria como frente a terceros.

 FRANCISCO J . URBANO ECONOMISTAS

  Asociado con DAVILA Y ASOCIADOS ABOGADOS. www.davilayasociados.es

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domingo, 15 de abril de 2018


IMPORTANTE INICIATIVA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA QUE DA LUGAR A SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍAA

Sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJA en la que, a pesar de desestimarse el recurso, no se imponen las costas judiciales al recurrente por tratarse de un supuesto de desestimación presunta
Se informa a los colegiados de la reciente sentencia nº 74/2008, de 22 de enero de 2018, de la Sección Funcional 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, remitida por la Sección de Derecho Administrativo, que puede consultarse en este enlace.
De esta sentencia resaltamos su Fundamento de Derecho Séptimo en el que se motiva la no imposición de costas judiciales al recurrente pese a desestimarse el recurso contencioso, por tratarse de una desestimación presunta:
FD SÉPTIMO: "En cuanto a las costas el recurso es interpuesto frente a la desestimación tácita de la reclamación de responsabilidad patrimonial, que, por tanto, ha incumplido su deber legal de responder expresamente (art.42.1 Ley 30/92), lo que hubiera permitido a la recurrente sopesar las razones tenidas en cuenta para la denegación, y determinar en consecuencia la procedencia o no de acudir a la vía judicial.
Conforme a esta jurisprudencial constitucional, el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos, no cabe primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa –entre otras SSTC 72/2008, de 23 de junio de 2008 o de 106/2008, de 15 de septiembre de 2008-.
Por tanto, no procede el pago de las costas (artículo 139.1 Ley 29/98, modificada por la ley 37/11."
Al respecto, el informe institucional de nuestro Colegio de marzo de 2014, que partió de la citada Sección de Derecho Administrativo, proponía:
"Con estos antecedentes, se propone: 1º) La derogación del principio del vencimiento objetivo en materia de costas judiciales en el orden contencioso-administrativo, modificando al efecto  el artículo 139 de la Ley Reguladora de esta jurisdicción.  2º) Mientras no ocurra tal derogación, que los Tribunales de Justicia de lo Contencioso-Administrativo: a) Apliquen lo más moderadamente posible el principio del vencimiento objetivo en materia de costas, entendiendo y razonando que, salvo excepciones palmarias o temerarias,  los casos sometidos a su revisión presentan serias dudas de hecho o de derecho. b) Estimen que los recursos que se deduzcan contra los actos presuntos de la Administración, contra la inactividad de la Administración o contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho siempre presentan serias dudas de hecho o de derecho, no imponiendo las costas judiciales...".
Abril, 2018
La Sección de Derecho Administrativo

domingo, 18 de marzo de 2018

SUMMARY OF THE CRIMINAL LAWSUIT AGAINS GOLF CLUB VALDERRAMA


SUMMARY OF THE CRIMINAL LAWSUIT AGAINST
GOLF CLUB VALDERRAMA AND ITS DIRECTORS


1.-      COMPLAINANTS:

Mr. Ramón Dávila Guerrero and Mrs. Denisse Ortiz Patiño, in their condition as former members of Golf Club Valderrama (hereinafter, “GCV” or the “Club”), and shareholders of Valderrama, S.A. (hereinafter, “VALSA”).

2.-      DEFENDANTS:

·       GCV
·       Mr. JR General Manager  of GCV.
·       Mr. NAB President of GCV.
·       Mr. JCG Vice president of GCV.
·       Mr. PySecretary of the Board of Governors  of GCV.
·       Mr. BP member of the Board of Governors of GCV.

3.-      ALLEGED FACTS

VALSA is the owner of a golf course which is currently rented to GCV for its exploitation. For the purposes of regulating this rent and some other aspects of the relationships among the companies of group Valderrama, on 3 November 2005, VALSA, CGV and Valderrama Investments, S.A. entered into a framework agreement (hereinafter, the “Framework Agreement”) by virtue of which, the following terms, among others, were agreed:

1.    Any person who wishes to become a member of GCV should acquire a share class B in VALSA.

2.    The price for the acquisition of shares class B in VALSA shall be fixed by GCV, in agreement with VALSA and in view of certain parameters. In any case, the vendor shall be entitled to receive 75% of the price, while the remaining 25% shall be allocated to GCV.

3.    On the other hand, those members of GCV who wish to leave the Club should also sell their shares class B in VALSA through the brokerage of the Club.

Despite the abovementioned agreements, GCV has carried out some performances which may be against the law.

Firstly, GCV has imposed a share price which is not consistent with the Framework Agreement and prejudices the vendors of shares class B for the benefit of GCV. In particular, GCV is imposing a purchase price of 10,000 Euros in favor of the vendors, while the Framework Agreement set forth an estimated amount of 112,500 Euros. Furthermore, the Club is receiving a much higher amount as a contribution for the acquisition of shares class B and the entry of new members. This is against the Framework Agreement, since firstly the price is not being calculated in accordance with the agreed parameters, but at the own discretion of GCV, and secondly the Club is receiving a percentage of the price exceeding the one set forth in the Framework Agreement in prejudice of the vendors.

By way of example, note that in 2017 GCV estimated that the membership of GCV amounted to 200,000 Euros, of which 150,000 Euros were the value of the share. Despite this, GCV is compelling the shareholders to sell their shares for a purchase price of 10,000 Euros.

This situation has provoked that 60 former members of GCV have not sold their shares class B since they do not agree with the price proposed by the Club.

On the other hand, GCV has allowed the entry of 51 new members who do not hold any shares class B in VALSA. This is against the framework agreement and GCV’s bylaws, but it also prejudices the value of shares class B, since it seems that the acquisition of these shares has become unnecessary to benefit from the membership of GCV.

This situation provoked that VALSA finally filled an arbitration request before the Arbitration Court of the International Chamber of Commerce of Paris.

However, in 2017 GCV acquired shares class A, C and D of VALSA, taking from that moment control of the company. Thus, the board of directors of VALSA was removed and the directors of GCV were appointed as new directors of the company. Once GCV had control in VALSA, its directors agreed to terminate the arbitration process, provoking complete distress for holders of shares class B.

ALLEGED OFFENSES

The facts described above may constitute the following criminal offences:

1.    Imposition of abusive agreements in prejudice of minor shareholders (article 291 of the Spanish Criminal Code).

2.    Impediments to the information rights of shareholders or to their participation in the management of the company or the exercise of their preferential rights (article 293 of the Spanish Criminal Code).

3.    Disloyal administration (article 295 of the Spanish Criminal Code).

4.    Price manipulation (article 284 of the Spanish Criminal Code).



RESOLUTION OF THE CRIMINAL COURT

The Court of Criminal instruction number 2 of San Roque (Cádiz) has admitted the criminal complaint ( disloyal administration)  against the president, Vice president, Director General and two directors, including one of them   who is mentioned in the United Nations report about corruption in the oil food Program in Iraq .

The judge has agreed to the statement of the directors investigated in  the 11 th of  nextcoming May.

jueves, 18 de enero de 2018

TRUBUTACION DE NO RESIDENTE TITULARES DE INMUEBLES EN ESPAÑA

Tributación de No Residentes titulares de inmuebles en España



La presente Nota Fiscal se trata de identificar los impuestos que debe de abonar un No Residente en España por la mera tenencia de bienes inmuebles, los cuales tiene destinados a uso propio.

1.- Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
El rendimiento a declarar es la cantidad resultante de aplicar al valor catastral del inmueble, que figura en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) unos determinados porcentajes.

Cuando un inmueble sea propiedad de un matrimonio o de varias personas, cada una de ellas es un contribuyente independiente, por lo que deberán presentar declaraciones separadas.

A modo de ejemplo se adjunta el presente cuadro de las cantidades a pagar:

Valor

Impuesto

Impuesto ( * )
Catastra
1 Propietario
2 Propietarios
        150.000  
       396,00  
         198,00  
        300.000  
       792,00  
         396,00  
        500.000  
    1.320,00  
         660,00  
     1.000.000  
    2.640,00  
      1.320,00  
( * ) cada uno

El rendimiento se entiende devengado una vez al año, el día 31 de diciembre y el plazo de presentación de la declaración es durante todo el año natural siguiente al de la fecha del devengo.

Antes del 31 de diciembre del presente año habrá que presentar la declaración correspondiente al ejercicio 2016.

Si nunca se ha presentado esta declaración deberíamos de presentar las correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.




2.- Impuesto sobre el Patrimonio.
Este impuesto se devenga el 31 de diciembre de cada ejercicio.

La base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en 700.000 euros. Es decir, si el inmueble en cuestión tiene un valor inferior a los 700.000 euros no se está obligado a presentar este impuesto.

Están obligados a declarar los sujetos pasivos cuya cuota resulte a ingresar. También están obligados aquellos cuyo valor de bienes y derechos resulte superior a 2.000.000 de euros, aún cuando la cuota resultara negativa.

El plazo de presentación de la correspondiente declaración es hasta el mes de junio del año siguiente al devengo, por lo que el plazo de presentación de la declaración de 2016 venció en junio de este año.

A modo de ejemplo se adjunta el presente cuadro de las cantidades a pagar:

Valor

Impuesto

Impuesto ( * )
Inmueble

1 Propietario

2 Propietarios
     1.000.000  
        732,87  
                 -    
     1.500.000  
     3.690,36  
         100,00  
     2.000.000  
     8.190,36  
         732,87  
     5.000.000  
   53.546,37  
    14.542,37  
( * ) cada uno



Como en el caso del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, si nunca se ha presentado esta declaración deberíamos de presentar las correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.





3.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Se trata de un impuesto local, es decir, exigido por los Ayuntamientos, que deben pagar los propietarios de bienes inmuebles.

Todos los bienes inmuebles de cada municipio están incluidos en un censo y tienen asignado un valor (valor catastral). Partiendo del valor catastral y aplicando el tipo de gravamen que establece el Ayuntamiento, se obtiene el importe a pagar.

Anualmente, por cada inmueble incluido en el censo, se emite un recibo para efectuar el pago del Impuesto. Normalmente, los Ayuntamientos establecen la posibilidad de domiciliar el pago del recibo en una cuenta bancaria, con lo que se facilita que se efectúe dentro del plazo de pago fijado y se eviten los recargos.

El plazo para efectuar el pago varía en cada municipio, si bien normalmente es en torno a los meses de septiembre, octubre y noviembre de cada año.


 Francisco Urbano Solis
Economista
Francisco J Urbano y Asociados.
Responsable del Departamento Económico y Tributario de
DAVILA Y ASOCIADOS.