martes, 31 de julio de 2012


ÚLTIMAS NOTICIAS EN MATERIA CONCURSAL


Desde hace muchos años, el despacho de Ramón Dávila, es conocido por su notoria experiencia en materia concursal. Sin embargo, en las últimas semanas, el despacho “DÁVILA ABOGADOS-ESPAÑA, S.L.P.” ha experimentado un aumento de su actividad en esta materia, siendo recientemente designado como Administrador Concursal de los concursos de acreedores de las siguientes sociedades:

Designado Administrador Concursal de la sociedad GESTIÓN DE PROGRAMAS DE ENERGÍA, S.L. en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz.

Designado Administrador Concursal por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid de la sociedad ELECTROALUMBRADOS ELA, S.L.

Administrador Concursal de la sociedad ZANONA, S.A. dedicada a la gestión del Campo de Golf y Hotel de Benalup-Casas Viejas, en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz.

Además, Ramón Dávila viene actuando desde hace dos años como Administrador Concursal de la empresa “BODEGAS PEDRO ROMERO, S.A.” (Sanlúcar de Barrameda-Cádiz) designado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz.

Por otro lado, Violeta Dávila, Coordinadora General  del Bufete “Dávila Abogados España, S.L.P.” se hace cargo de la dirección jurídica del concurso de acreedores de la sociedad JACARANDA DEL SUR S.A., propietaria del Campo de Golf “Las Lomas de Sancti Petri”, que se tramita en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz.

Cádiz, 31 de julio de 2.012.

miércoles, 18 de julio de 2012


PRINCIPALES NOVEDADES EN EL ORDEN LABORAL Y SOCIAL DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD.

1.- SEGURIDAD SOCIAL.

Recargo por el impago de las cuotas.

Se reduce a un único porcentaje de recargo, (el 20%), los supuestos en los que los sujetos responsables del pago de las cuotas a la Seguridad Social hubieran presentado los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario, pero no hubieran ingresado las cuotas correspondientes.

Anteriormente se establecían cuatro supuestos dependiendo del retraso con el que se abonasen las cuotas, siendo el 20% el recargo máximo impuesto en el caso del pago a partir del tercer mes siguiente al vencimiento.

Bases de Cotización.
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S    Se establecen nuevas normas sobre cuantías no computables en la base de cotización:

1. Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados y suspensiones estarán exentas  de cotización hasta la cuantía máxima prevista en la norma sectorial o convenio colectivo aplicable.

2. Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el ET o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.

3. Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que este hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.

4. En los supuestos de despido o cese como consecuencia de despidos colectivos, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 del ET o producidos por las causas previstas en la letra c) del articulo 52 del ET, siempre que en ambos casos se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedara exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.
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      Desaparecen como exentas:

o   Las cantidades que se abonen en concepto de quebranto de moneda y las indemnizaciones por desgaste de útiles o herramientas y adquisición de prendas de trabajo, cuando tales gastos sean efectivamente realizados por el trabajador y sean los normales de tales útiles o prendas en los términos que reglamentariamente se establezca.
o   Los productos en especie concedidos voluntariamente por las empresas en los términos que reglamentariamente se establezcan.
o   Las percepciones por matrimonio.

Situación legal de desempleo y el contrato a tiempo parcial.
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    Para el supuesto de que en el momento de la situación legal de desempleo se mantengan uno o varios contratos a tiempo parcial se tendrán en cuenta  exclusivamente, a los solos efectos de cumplir el requisito de acceso a la prestación, los periodos de cotización en los trabajos en los que se haya perdido el empleo, de forma temporal o definitiva, o se haya visto reducida la jornada ordinaria de trabajo.

Cuantía de la prestación por desempleo
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     Cambios en el cálculo de la cuantía de esta prestación. Se reduce al 50% (antes el 60%) el porcentaje de aplicación a la base reguladora para determinar la cuantía de la prestación a partir del día 181.

Beneficiarios del subsidio por desempleo
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     Se añade el momento en el que el trabajador mayor de 55 anos ha de tener cumplida dicha edad para ser beneficiario de este subsidio: Para obtener el subsidio el trabajador deberá tener cumplida la edad de 55 anos en la fecha del agotamiento de la prestación por desempleo o del subsidio por desempleo; o tener cumplida esa edad en el momento de reunir los requisitos para acceder a un subsidio de los supuestos contemplados o cumplirla durante su percepción.
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      Asimismo, y para determinar la carencia de rentas y acceder a este subsidio se ha aumentado al 100% (antes el 50%) el porcentaje de aplicación del tipo de interés legal del dinero vigente al patrimonio: También se consideraran rentas las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100%del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezca reglamentariamente.
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      La cuantía del subsidio por desempleo será igual al 80% del indicador publico de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento. En el caso de desempleo por perdida de un trabajo a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas.
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    Se aumenta de 52 a 55 años la edad de los trabajadores para que la entidad gestora cotice por la contingencia de jubilación, durante la percepción del subsidio. Asimismo, se generaliza para todos los supuestos, (sean trabajadores fijos discontinuos o no, y sean o no menores de 55 anos), que a efectos de determinar la cotización se tomara como base de cotización el tope mínimo de cotización vigente en cada momento
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      La prestación o el subsidio por desempleo serán incompatibles con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la seguridad social, o con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando este se realice a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la prestación o subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado. Esta deducción en el importe de la prestación o subsidio se efectuara tanto cuando el trabajador este percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo como consecuencia de la pérdida de un trabajo a tiempo completo o parcial y obtenga un nuevo trabajo a tiempo parcial, como cuando realice dos contratos a tiempo parcial y pierda uno de ellos.

Obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo.
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      Se introduce como novedad que los beneficiarios de prestaciones acreditaran ante al Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo autonómicos, cuando sean requeridos para ello, las actuaciones que han efectuado dirigidas a la búsqueda activa de empleo, su reinserción laboral o a la mejora de su ocupabilidad. Esta acreditación se efectuara en la forma en que estos organismos determinen en el marco de la mutua colaboración. La no acreditación tendrá la consideración de  incumplimiento del compromiso de actividad.


2.- FOGASA.
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      Se reduce la cantidad máxima que el FOGASA abonara a los trabajadores como importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario. Para los calculos de estas cantidades el Fondo no podrá abonar un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el doble (anteriormente el triple) del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de 120 días (anteriormente 150 días).


3.- RENTA ACTIVA DE INSERCION, DIRIGIDA A LOS DESEMPLEADOS CON ESPECIALES NECESIDADES ECONOMICAS Y DIFICULTAD PARA ENCONTRAR EMPLEO.
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      Respecto a los beneficiarios de este programa, se añade como requisito para ser beneficiario que durante la inscripción como demandante de empleo deberá buscarse activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales u otras para incrementar la ocupabilidad.


4.- SUPRESION DEL DERECHO A LA APLICACION DE BONIFICACIONES.
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    Queda suprimido el derecho de las empresas a la aplicación de bonificaciones por contratación, mantenimiento del empleo o fomento del autoempleo, en las cuotas a la Seguridad Social y, en su caso, cuotas de recaudación conjunta, que se estén aplicando a la entrada en vigor del Real Decreto-ley (15 de julio). Sera de aplicación a las bonificaciones en las cuotas devengadas a partir del mes siguiente al de la entrada en vigor del Real Decreto-ley.
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      Si seguirán siendo de aplicación lo previsto respecto a las bonificaciones recogidas en determinadas disposiciones como la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, como es el caso de los contratos de emprendedores, los contratos para la formación y el aprendizaje o la transformación de temporales en indefinidos regulados en dichas normas.


5.- SALARIOS DE TRAMITACIÓN
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      Cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de 90 días hábiles (anteriormente el ET establecía 60 días hábiles), desde la fecha en que se presento la demanda, el empresario podrá reclamar del Estado el abono de la percepción económica a la que se refiere el apartado 2 del artículo 56 de esta Ley (derecho a los salarios de tramitación en el caso de optar por la readmisión), correspondiente al tiempo que exceda de dichos noventa días hábiles.
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      Si, desde la fecha en que se tuvo por presentada la demanda por despido, hasta la sentencia del juzgado o tribunal que por primera vez declare su improcedencia, hubiesen transcurrido más de 90 días hábiles, (antes 60 días) el empresario, una vez firme la sentencia, podrá reclamar al Estado los salarios pagados al trabajador que excedan de dicho plazo.


6.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector publico.

·     Al igual que el personal funcionario o laboral, el personal directivo y resto de personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros mancomunados, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento especifico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

Negociación Colectiva.

·      Las Administraciones Publicas pueden suspender o modificar el cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados que afecten a su personal laboral, cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas sea estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Publicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.

·   Se entenderá que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Publicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público.